Dólar Oficial
$1.585
Dólar Blue
$1.640
Dólar Tarjeta
$2.060,50
Euro
€1.720,25
Real
R$264,40
Azúcar Tucumán · 50kg
$36.375
Azúcar Int. · Londres N5
US$24,707
Azúcar Int. · EEUU N11
US$423,29
Bioetanol de caña ($/L)
1.083
Bioetanol de maíz ($/L)
992.806

El bloque Independencia, espacio legislativo que responde de manera directa al gobernador Osvaldo Jaldo, brindó su acompañamiento clave para que La Libertad Avanza obtuviera el dictamen de mayoría sobre el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 en la Cámara de Diputados. La firma en disidencia parcial de la diputada Elia Marina Fernández de Mansilla (foto inferior) resultó determinante para consolidar el despacho oficialista, en el marco de una negociación federal donde el Gobierno nacional accedió a modificar artículos sensibles vinculados con la discapacidad y la actualización de las asignaciones familiares, pero mantuvo una postura intransigente respecto al financiamiento universitario. De este modo, la representación tucumana optó por facilitar la gobernabilidad del presidente Javier Milei aun cuando el Poder Ejecutivo rehusó incrementar las partidas destinadas a las casas de altos estudios, una de las exigencias centrales planteadas oportunamente por la administración provincial.
La firma del dictamen se concretó en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario Alberto Benegas Lynch, donde el oficialismo logró reunir 27 adhesiones sobre un total de 48 miembros presentes. El respaldo estuvo integrado por legisladores de La Libertad Avanza junto con aportes del PRO, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los bloques que responden a gobernadores aliados, entre los que se destacaron los mandatarios de San Juan, Catamarca y Tucumán. La incorporación del aval tucumano mediante Fernández de Mansilla permitió al Gobierno nacional fijar fecha para la discusión en el recinto el próximo 25 de noviembre, marcando un claro contraste con otras fuerzas provinciales —como las alineadas con los ejecutivos de Córdoba, Santa Fe y Misiones— que rechazaron el articulado o promovieron dictámenes de minoría al considerar insuficientes los cambios otorgados por la Casa Rosada.
El acuerdo parlamentario implicó una reestructuración de la norma, que redujo su extensión de 76 a 73 artículos tras el retiro de medidas de ajuste contenidas en la propuesta original formulada por el Ministerio de Economía. En el aspecto social, las concesiones del Poder Ejecutivo incluyeron la eliminación de los artículos 36 al 41, que imponían restricciones al régimen de pensiones no contributivas por invalidez, fijaban el haber en el 70% de la mínima e introducían incompatibilidades con el empleo formal. En su lugar, se incorporó una disposición para asegurar que los programas de discapacidad se financien con recursos del Ministerio de Salud y aportes del Tesoro Nacional. Asimismo, el dictamen restituyó la movilidad y actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares contributivas, dejando sin efecto la pretensión oficial de disponer aumentos de manera discrecional.

Esta negociación legislativa guarda una estrecha relación con las posiciones asumidas por Jaldo en septiembre pasado, cuando condicionó públicamente el apoyo de los diputados tucumanos a la consecución de modificaciones estructurales en el texto. En aquel momento, el mandatario de la provincia se pronunció de manera categórica al sostener que “si no se hacen las correcciones necesarias, no vamos a acompañar”. Al argumentar la urgencia de rectificar el rumbo fiscal en áreas críticas, el titular del Poder Ejecutivo tucumano había remarcado que “hoy el presupuesto no está en consonancia con esa ley, por lo tanto va a tener que sufrir modificaciones. Caso contrario, no va a poder salir el presupuesto si no se corrige el tema de la discapacidad”.
No obstante sus exigencias de cambio, Jaldo sustentó de manera permanente su voluntad de diálogo en la necesidad de preservar la estabilidad del Estado y evitar la reconducción discrecional de partidas. Sobre este punto, el gobernador expresó en sus declaraciones de septiembre: “Yo soy uno de los gobernadores que brego por la institucionalidad y brego por la gobernabilidad, y por eso he manifestado públicamente que al Gobierno nacional hay que darle un presupuesto”.
Sin embargo, el acompañamiento otorgado por la representación tucumana dejó expuesto un marcado contraste en el terreno de la educación superior, donde la Casa Rosada se negó a torcer la pauta del gasto. Durante sus intervenciones previas, Jaldo había puesto especial énfasis en la situación presupuestaria de las universidades públicas del país y del Norte argentino en particular, tras afirmar que “al tema del financiamiento de las universidades hay que corregirlo y ponerlo en consonancia con las necesidades reales que tienen las altas casas de estudio”, mencionando de forma explícita los requerimientos de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad Tecnológica Nacional. Pese a estos reclamos, el dictamen apoyado por el jaldismo mantuvo la partida universitaria en $7,3 billones, un valor sensiblemente alejado de los $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional para sostener el funcionamiento operativo. En el balance final, la necesidad de dotar de una ley de leyes a la administración federal y la restitución de fondos para la discapacidad y la niñez terminaron inclinando la balanza de la bancada provincial hacia la firma del dictamen.